Quito., Mientras las autoridades policiales y gubernamentales declaran que se han reducido los asesinatos violentos, los secuestros y extorsiones, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa decretó ayer, por cuarta vez desde que ocupa el cargo, un estado de excepción durante 60 días.
Efectivamente, las cifras de los organismos de seguridad dan cuenta de un incremento considerable en lo que va de este año. Sin embargo, las declaraciones públicas de la ministra del Interior, Mónica Palencia, señalan lo contrario, pues para ella hay una reducción de 18 por ciento y los documentos policiales indican que de enero a julio la variación relativa de incremento es de 47 por ciento.
El estado de excepción -medida extrema e inexplicable para los expertos- se aplica a seis provincias y dos cantones: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro. Además, Quito, en Pichincha, y Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Además, incluye un toque de queda nocturno en 19 cantones y una parroquia de Guayaquil.
Dentro de la legislación ecuatoriana, este decreto debe ser revisado por la Corte Constitucional, que anteriormente dio de baja los dos primeros intentos de estado de excepción focalizado. Sin embargo, en el anterior al de ayer, esa misma Corte avaló la medida, pero solo aceptó el argumento de “grave conmoción interna” y desechó la causal de “conflicto armado interno”.
En el comunicado de ayer, Noboa se respalda en un informe técnico y otro jurídico, elaborados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. A decir del ministro de Gobierno, Félix Wong, se decretó en octubre, porque «históricamente es el mes más violento». Además, justificó así la medida: «No vamos a permitir que, en el contexto electoral, quieran calentar las calles, porque como ya no pueden hacerlo en las cárceles, quieran hacerlo en las calles». Y es que hasta el 2 de octubre se inscribieron ya 16 binomios presidenciales para los comicios del próximo 9 de febrero.
El informe técnico subraya que el índice de criminalidad es alto y que «los grupos delictivos han formado nuevas alianzas, muchos grupos delictivos mantienen sus capacidades y representan una amenaza y el cometimiento de ciertos delitos graves ha aumentado». Aunque más adelante aclara: «Si bien existe una contención, los índices de violencia y criminalidad siguen siendo altos».
El decreto también indica que hay un «incremento de hostilidades, delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados» en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Quito y Ponce Enríquez.
Ecuador vive desde enero pasado un estado de “conflicto armado interno” que le otorga varias facultades extraordinarias al gobierno para combatir a los grupos criminales de delincuencia organizada, pero a pesar de ello las muertes violentas, los secuestros y las extorsiones no se han reducido. Incluso, en algunos sectores se agudiza la tensión y el miedo, por el control territorial que ejercen las bandas del narcotráfico.