El equipo de defensa del exgobernador del Estado, César Duarte Jáquez, y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) expresaron versiones de crítica mutua por lo ocurrido en la audiencia realizada la tarde del jueves en las instalaciones de la Sala 8 del Centro de Justicia.
Mientras los abogados del exmandatario indicaron que hubo una violación de los derechos de su cliente, el Poder Judicial estableció que lo realizado por el imputado y sus representantes fue inadmisible.
Por su parte, la jueza de control, Delia Valentina Meléndez Olivas, ordenó que fuera realizada una investigación por las declaraciones realizadas por el exgobernador, lo que según la defensa, implicará que la juzgadora no podría seguir conociendo del asunto.
Entre los puntos que expuso la defensa en un comunicado está que Delia Valentina Meléndez “ilegalmente suspendió el cómputo de la prisión preventiva impuesta sobre nuestro representado, lo que implica que el tiempo que permanezca en prisión a partir del día de hoy, no se computará para los efectos del máximo de dos años que señala la Constitución para una medida cautelar de prisión preventiva, lo cual es absolutamente violatorio en todos los órdenes”.
Agregó que la juzgadora censuró el derecho de su representado a expresarse en relación con las determinaciones tomadas en su perjuicio; expresiones a las cuales tiene pleno derecho. “El Lic. César Duarte nunca fue retirado de la sala por la Policía Procesal, los únicos desalojados por la fuerza fuimos sus abogados, en franco abuso de autoridad ordenado por la juez”, apuntó la defensa, y adelantó que tomará medidas legales.
En respuesta a lo ocurrido, el TSJ indicó su rechazo a lo ocurrido. “En este juicio y en los demás estaremos siempre buscando proteger la integridad y la seguridad de los jueces. Son inadmisibles situaciones como estas, del imputado y obviamente de quienes son abogados representantes”, cautelar de prisión preventiva, la cual tiene desde hace 18 meses.
En uno de sus reclamos, Duarte manifestó que, como gobernador, fue quien creyó en la transformación del sistema judicial y por eso enfrentó diversos problemas para logar la construcción del edificio que hoy es el Centro de Justicia, pero mencionó que hubiera sido mejor dejar ese espacio para los burdeles, ya que eso representa mejor lo que ocurre en los juzgados.
También acusó al Ministerio Público de mentir y a la jueza de “hacerles el caldo gordo”, violando todos sus derechos y garantías. Incluso le impidió hablar y se negó a abandonar la sala de la audiencia cuando la juzgadora le pidió retirarse.