El Senado de la República aprobó este martes por unanimidad la reforma constitucional para reconocer los derechos de las comunidades originarias y afromexicanas, presentada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Con 127 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, la Cámara Alta aprobó el dictamen que reforma, adiciona y deroga el Artículo 2 de la Constitución mexicana en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
El decreto reconoce por primera vez a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio en México, donde 23 millones de personas se identifican como tal, entre un total de 126 millones de habitantes.
También contempla la composición multiétnica y pluricultural de la nación, y eleva a rango constitucional el derecho de las comunidades a la consulta libre, previa, informada culturalmente adecuada y de buena fe respecto a medidas legislativas y administrativas que puedan causar afectaciones e impactos significativos en su vida o entorno.
“Nunca más un México sin sus pueblos indígenas y originarios”, celebró la senadora Ernestina Godoy, del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ante los aplausos de representantes y autoridades de varias comunidades.
Por su parte, la senadora Mely Romero, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) festejó la iniciativa para “saldar una deuda histórica”, pero enfatizó que solo es comienzo para asegurar que este reconocimiento constitucional se materialice en la vida cotidiana de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos.
Asimismo, Romero acusó que desde 2018 han habido recortes en programas y apoyos del Gobierno federal, como el acceso a la tecnología y “la producción para el autoconsumo, que es algo inherente a la vida diaria de estos pueblos y comunidades“.
El decreto precisa que la jurisdicción indígena se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo con los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas, dentro del orden jurídico vigente, en los términos de la Constitución y las leyes aplicables.
Además, determina que las personas indígenas tendrán, en todo tiempo, el derecho a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género, y diversidad cultural y lingüística.
Esta reforma es parte de un paquete de 20 iniciativas presentadas por López Obrador en febrero pasado y que incluyen, entre otras, la reforma al Poder Judicial aprobada la semana pasada y la de la Guardia Nacional que está por discutirse en el Senado.