Después de un debate de casi siete horas, la modificación al artículo 123 de la Constitución se aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular en una misma votación, con 478 votos en favor de legisladores de todos los partidos políticos.
En el segundo artículo transitorio de la iniciativa se especificó que el salario profesional que ganarán los maestros de educación básica de tiempo completo, los policías, los integrantes de la GN y la fuerza armada permanente, los médicos y enfermeras es de 16 mil 777.68 pesos, “que equivale al salario mensual promedio registrado en 2023 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, actualizado por la inflación estimada para el año 2024”.
Pese a que no había controversia alguna sobre la aprobación de la reforma, se presentaron 123 reservas al dictamen –en voz de 34 oradores-, como forma de ampliar la participación de los diputados en tribuna.
Así, en el caso de Morena, PT y PVEM –e incluso de algunos opositores–, los diputados únicamente subieron a tribuna para reiterar en sus reservas los argumentos que sus partidos ya habían expuesto en varias ocasiones, y después retirar las observaciones que supuestamente harían, lo que alargó el debate.
Al iniciar la sesión, por un acuerdo de “cortesía” de la Junta de Coordinación Política –al no haber todavía comisiones instaladas–, el morenista Pedro Haces fue el encargado de hacer la presentación del contenido de la reforma, pero al atribuirle todo el crédito de la iniciativa al presidente Andrés Manuel López Obrador y hacer alusión a que, en anteriores gobiernos, había un sindicalismo “corporativo”, las bancadas de MC y PAN reprocharon que su discurso rompió el tono “institucional” que se había acordado.
Lo anterior llevó al coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, a pedir la palabra para admitir que “a veces la pasión y la emoción nos invaden con mucha nostalgia y alegría. Les ruego que lo tomen como una anécdota y seremos cuidadosos en lo futuro”.
Durante los posicionamientos de los partidos y las intervenciones de los 12 oradores que subieron a tribuna, todos ellos a favor de la iniciativa, se destacó que fijar el salario mínimo siempre por encima de la inflación es una medida que “dignifica” este indicador, lo que beneficiará a los trabajadores del país, especialmente a quienes se encuentran en condiciones de mayor precariedad.
El coordinador de la bancada del PT, Reginaldo Sandoval, resaltó que, gracias a que López Obrador “se fajó” en el actual sexenio, el salario mínimo repuntó 110 por ciento en términos reales, por lo que “acabamos con el modelo neoliberal” que frenó el alza salarial durante varias décadas, con el argumento de que un posible aumento al ingreso generaría inflación y desempleo.
No obstante, la panista Carmen González advirtió, al presentar una reserva, que “hay una contradicción en el dictamen”, ya que, aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que la reforma “no genera carga presupuestal” alguna, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y la Comisión de Presupuesto de la anterior legislatura, alertaron que generaría un impacto de 39 mil 800 millones de pesos.
“Sin presupuesto, esta reforma sólo sería una buena intención. Debemos dotarla de suficiencia presupuestal; de lo contrario, sólo es una buena intención”, advirtió.
Por su parte, la priísta Graciela Ortiz hizo ver que, aunque la reforma es positiva, resulta necesario que el gobierno garantice el control del alza de precios, de tal manera que ello no frene posteriores aumentos del salario mínimo, y se evite que se generen mayores cargas fiscales parar los trabajadores por ingreso adicional.
La reforma fue enviada al Senado para que continúe con el trámite legislativo de su aprobación.