La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó un proyecto que ratifica la asignación de los legisladores de representación proporcional, conocidos como plurinominales, en la Cámara de Diputados avalada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Así, el bloque Morena-PT-PVEM tendrá la mayoría calificada en el Palacio de San Lázaro.
Con cuatro votos a favor y el voto en contra de la magistrada Janine Otálora Malassis, el pleno del máximo tribunal en materia electoral avaló la asignación de plurinominales aprobada por el Instituto Nacional Electoral (INE), la cual permite que Morena y sus aliados, el PT y PVEM, tengan 364 legisladores en la Cámara de Diputados, una mayoría calificada para poder modificar la constitución.
En tanto, el bloque de oposición, integrado por el PAN, PRI y PRD, ocupará 108 curules; mientras que Movimiento Ciudadano se integrará por 27 diputados, además de que habrá una diputación independiente en San Lázaro.
En tanto, en el Senado, Morena y sus aliados, tendrán 83 senadurías; la oposición del PAN, PRI y PRD, contará con 40 escaños, y MC con otras cinco.
Al abrir la sesión, la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso reconoció que la discusión de la integración del próximo Congreso de la Unión es un tema que ha acaparado la atención de la sociedad en general, al tiempo que destacó que ello generó que en estos días se presentarán diversos posicionamientos, argumentos e interpretaciones respecto a la decisión que debía tomar este tribunal.
Asimismo, detalló que se recibieron cientos de correos, amicus curiae y, desde luego, un nutrido número de impugnaciones que superaron los 8,600 casos, con “razonamientos, muchos se esgrimen desde una óptica política, otros desde la opinión social, y en algunos más están basados también, en consideraciones económicas”.
No obstante, y pese a todos estos reclamos, la magistrada presidenta enfatizó que “a nosotros como Tribunal Constitucional, no nos toca inclinar la balanza a favor o en contra de una fuerza mayoritaria, eso ya lo hizo la ciudadanía en las urnas”.
Lo anterior luego de rechazar una propuesta de la magistrada Otálora Malassis, que buscaba aplicar una nueva fórmula al reparto de plurinominales. “(La propuesta) viene a modificar las reglas del juego, cuando ya están definidos ganadores, cuando ya está definido el resultado de la elección y, en ese sentido, se podría pensar que violentamos la certeza y la seguridad jurídica”, aseguró Soto Fregoso.
“La responsabilidad principal de este Tribunal constitucional es resguardar y velar porque la representación de las distintas fuerzas políticas al interior del Congreso de la Unión sea precisamente reflejo de ese mandato popular”, añadió.
En tanto, al mostrar su desacuerdo con el acuerdo del INE, la magistrada Otálora Malassis alertó que los partidos mayoritarios en estos últimos años han perfeccionado mecanismos para evadir los límites de la interpretación de los artículos constitucionales referentes a la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados a través de los convenios de coalición, lo cual, dijo, se ha hecho evidente particularmente desde el año 2015.
“El sistema constitucional de pesos y contrapesos está diseñado justamente para evitar el abuso de poder y proteger las libertades ciudadanas, y este modelo de división de poderes basado en una vigilancia recíproca, no sólo mejora la eficiencia en el desarrollo de las funciones del Estado, sino que también garantiza una esfera de libertad para las personas al limitar el poder mediante una cuidadosa distribución de competencia.
“En las elecciones pasadas las coaliciones participantes distorsionaron este principio al distribuir las diputaciones de manera que no reflejaba fielmente la voluntad popular”, destacó.
Por su parte, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera aseguró que no era “razonable que cuando el resultado electoral ya se generó nosotros acudamos como correctores de la voluntad ciudadana, como si supiéramos lo que en realidad quiso decidir, pues repito, ya existían reglas que exigían ser observadas y que no pueden ser modificadas, pues sus consecuencias también se encontraban identificadas a lo largo de las normas que ha emitido tanto el INE, como las sentencias de este Tribunal Electoral”.