Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, seguirá en prisión preventiva justificada por un año más, luego de que un juez de Pacho Viejo, Coatepec, ampliara la medida cautelar por el delito de desaparición forzada.
El juez de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de ese municipio determinó que el procedimiento aplicará desde este mes, a petición de la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Verónica Hernández Giadáns.
El exmandatario priista quedó sujeto a investigación por su presunta responsabilidad en la desaparición del expolicía David Lara Cruz, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
De acuerdo con el documento vinculado al número procesal 103/2018, el 12 de enero de 2016, compañeros de Lara Cruz lo detuvieron —sin dejar registro oficial— al salir de la corporación luego de que se presentara a las pruebas de control de confianza.
Lara desapareció el 17 de enero de 2016 y su cuerpo fue localizado dos días después en la Barranca de La Aurora, ubicado en la comunidad de La Tinaja del municipio de Emiliano Zapata, según asentaron en la carpeta de investigación 169/2016.
Según la FGE, hubo manipulación en la investigación por parte de funcionarios y acusó al director de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre, de ordenar a un criminalista que ocultara el hallazgo de más de 12 cuerpos, incluido el de Lara Cruz.
La dependencia también señaló a la titular de la delegación regional de la Policía Ministerial, Carlota Zamudio Parroquín, por alterar el informe y reducir el número de cuerpos hallados a seis, excluyendo el del ex elemento policíaco.
La fiscalía asegura que se ordenó a un perito en dactiloscopía no informar sobre los resultados del hallazgo del cuerpo de Lara y trasladarlo a un lugar distinto para evitar su descubrimiento en Santa Ana, perteneciente a Alto Lucero.
Durante su vinculación a proceso, Javier Duarte acusó que la fiscalía presentó en su contra la declaración de Gilberto Aguirre, a pesar de que la misma había sido desestimada con anterioridad por un juez, e indicó que la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz evidenció que la acusación fue obtenida mediante actos de tortura.
Aseguró que a Aguirre lo torturó la fiscalía que encabezó Jorge Winckler, quien está recluido en el penal de Almoloya de Juárez desde julio de 2022, tras su detención en Puerto Escondido, Oaxaca, acusado por los presuntos delitos de privación de la libertad en modalidad de secuestro y desaparición forzada.