En un comunicado, los juzgadores señalaron que las palabras del mandatario “representan un intento claro de deslegitimar la función judicial y el debido proceso que debe imperar en nuestra sociedad”.
“Estos ataques desde la presidencia, en los momentos en los que se busca reformar al Poder Judicial, tienen la clara finalidad de predisponer a la ciudadanía y crear un contexto adverso que dañe la confianza en los juzgadores”, señaló JUFED.
La asociación estimó “fundamental aclarar que el actuar de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación se encuentra regido por el marco legal vigente, el cual establece criterios claros y procedimientos específicos para la toma de decisiones judiciales”.
Apuntó que estas decisiones son producto de un análisis riguroso y exhaustivo de las pruebas y argumentos presentados por todas las partes involucradas en cada caso, incluyendo al Ministerio Público Federal, “que se encuentra presente en todo momento, con el objetivo primordial de garantizar el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de todas las personas y el interés social”.
JUEF exhortó a las y los trabajadores del Poder Judicial a mantenerse “atentos al desarrollo de estos acontecimientos y de acciones futuras”.
La mañana del martes, López Obrador dijo que no entiende cómo es posible que los miembros del Poder Judicial “de lunes a jueves liberen a 58 (detenidos) y el fin de semana a 192”. “Esto es una vergüenza, ¿cómo es posible?”, dijo.
Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública, presentó en la conferencia de Palacio Nacional una gráfica para sustentar los dichos del presidente.
En su comunicado, JUFED denunció que el martes, en el sexto foro nacional sobre la reforma judicial realizado en la ciudad de Puebla, fue cancelada la participación de su directora nacional, la jueza Juana Fuentes Velázquez, “lo que contradice el ofrecimiento de apertura y diálogo democrático ofrecidos al inicio de los mismos”.
“Procesar una reforma que puede afectar la división de poderes, vulnerar los derechos humanos y desconocer los tratados internacionales, cancelando el diálogo de los principales actores del sistema de justicia, no puede más que generar sospechas sobre una ruta ya definida hacia la disolución del Poder Judicial Federal y su papel de contrapeso”, apuntó.
“Si bien se ha aclarado que las acciones emprendidas para acelerar la aprobación de los dictámenes de las reformas, no incluirá a la judicial, limitar las participaciones de los juzgadores federales conlleva a la duda”, enfatizó.