Tras cinco meses de que una jueza federal ordenara el cambio de medida cautelar para Eduardo A. M., exfuncionario del Instituto Nacional de Migración e imputado por el incendio de la estación migratoria en Juárez del 27 de marzo de 2023, su defensa logró la disminución de la garantía económica para su libertad condicional de 30 millones de pesos a 1.5, y su liberación.
El otrora servidor público salió del Centro de Reinserción Social número 3 de esta ciudad el 13 de abril, a un año de haber sido detenido y un día antes de que se cumpliera la anualidad de la prisión preventiva oficiosa que le había sido ordenada.
De acuerdo con el archivo periodístico, el 13 de noviembre la jueza Séptima de Distrito del Poder Judicial de la Federación en Chihuahua, Claudia López López, concedió a A. M. un amparo en el que ordena llevar a cabo una nueva audiencia para modificar la medida cautelar y excluir la prisión preventiva oficiosa (sin argumentación, sólo por la gravedad de los delitos imputados).
Fue la semana pasada cuando nuevamente se abordó el tema ahora para modificar el monto de garantía que permitiera la liberación del acusado por los delitos de homicidio, lesiones y daños.
De acuerdo con Ubaldo Solís, abogado particular de A. M. junto con Alejandro Villalobos, un Tribunal de Apelación ordenó que se repusiera la audiencia para discutir la medida cautelar, incluida la garantía económica que permitiera su libertad condicional.
El viernes 12 de abril se desarrolló la sesión ante la autoridad judicial, y al día siguiente salió del Cereso 3.
“Se actuó conforme a derecho”, señaló Solís.
No obstante de este cambio en cómo llevará el resto del proceso A. M., aún debe pagar, y tiene un mes para hacerlo.
Para ello, Solís y Villalobos continuarán con la asesoría legal para resolver cómo cubrir la fianza, si será mediante una afianzadora o el modo en que la familia del hombre pretende solventarlo.
La solicitud ante el juez de control Juan José Chávez Montes fue, contó Solís, que bajara la medida cautelar a las posibilidades del imputado, “porque se quedó sin trabajo, no tiene sueldo, aumentaron sus deudas y obviamente no va a tener trabajo”, y pese a la disminución, aún consideran que es un monto alejado de la realidad de A. M.
Este es el tercer imputado que enfrenta alguna causa penal derivada del incendio –que provocó la muerte de 40 migrantes y lesiones en 27 más– en libertad condicional, mientras que cinco funcionarios más permanecen en reclusión, ademas de dos migrantes venezolanos y un guardia de seguridad privada.
A. M. se desempeñaba como jefe de Recursos Materiales del Instituto Nacional de Migración en la estación provisional siniestrada.