Ante el recrudecimiento de la violencia en Haití, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), concretó este domingo la evacuación de 34 mexicanos, incluyendo al embajador Daniel Alberto Cámara Ávalos, a bordo primero de un helicóptero y más tarde un buque de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), que a esta hora navega rumbo a costas mexicanas.
En la última semana, la representación diplomática en Puerto Príncipe convocó a la comunidad mexicana a ponerse en contacto “a la brevedad” para ser integrado al grupo que sería repatriado de esta nación que permanece sumida en una crisis política, social y ahora, sanitaria y de falta de alimentos.
El grupo a salvo está compuesto por connacionales que decidieron salir del país caribeño y personal diplomático. Solo permanecen un reducido equipo de colaboradores de la embajada.
«Por razones de seguridad, no se pudo anunciar antes este operativo. La preocupación es que las pandillas se enteraran y sabotearan la operación y se pusiera en peligro la vida de los mexicanos allá”, comentó una fuente del Gobierno federal.
En el país caribeño la violencia perpetrada por bandas armadas contra la población civil ha provocado desplazamientos masivos, secuestros y asesinatos de ciudadanos, violencia contra mujeres y niños, saqueo y robo de propiedad pública y privada.
La embajada mexicana ha permanecido cerrada desde el pasado 4 de marzo, un día después de que se decretó el estado de emergencia por parte del hasta ese momento gobierno del presidente Ariel Henry, quien seis días después, el 11 de marzo, dimitió a su cargo.
La evacuación de mexicanos se sumará a acciones que han emprendido otros países como Estados Unidos que ha logrado sacar a aproximadamente 450 de sus compatriotas desde el 17 de marzo, a través de vuelos chárter o en helicóptero vía República Dominicana debido a que el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture mantiene suspendidas sus operaciones comerciales.
La administración Biden estima en mil 600 el número de estadounidenses que tendrían que ser evacuados.
INFORME ONU
Desde el 29 de febrero que estalló el nuevo capítulo de violencia en Haití, «la corrupción, la impunidad y la mala gobernanza, agravadas por el aumento de la violencia de las pandillas, han erosionado el Estado de derecho y han llevado a las instituciones estatales al borde del colapso”, concluye el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado el jueves pasado.
Tan es así que en lo que va del año, mil 554 personas han sido asesinadas y 826 heridas. Esta violencia de pandillas dejó en 2023 poco más de 4 mil 400 muertos y mil 660 lesionados.
El informe también destaca las «brigadas de vigilantes» creadas para contrarrestar la creciente violencia de las pandillas, y advierte que continúan tomándose la justicia por su propia mano. En este contexto, en 2023 se denunciaron al menos 528 casos de linchamientos, y 59 más en 2024.
«El impacto de la inseguridad generalizada sobre la población es nefasto y está empeorando… y la población está gravemente privada del disfrute de sus derechos humanos», dice el informe.
Esta situación dejó a Haití en una “situación catastrófica”, señaló Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
En otro nivel, el documento describe la violencia sexual, incluidas las mujeres obligadas a tener relaciones sexuales con miembros de pandillas, la violación de rehenes y las mujeres que han visto a sus maridos asesinados ante sus ojos.
«Las mujeres han sido violadas por miembros de pandillas durante ataques en el barrio, a menudo después de ver cómo asesinaban a su pareja ante sus ojos”, detalla el informe.
Se estima que entre el 8 y el 20 de marzo pasados, más de 33 mil personas abandonaron Puerto Príncipe a causa de la violencia armada. Ahora, más del 50 por ciento de los 5.5 millones de habitantes que tiene Haití necesita ayuda humanitaria.
Las naciones del continente han buscado poner en marcha una misión multinacional de apoyo a la seguridad para ayudar a la policía nacional a poner fin a la violencia, proteger eficazmente a la población y restablecer el Estado de derecho en el país, que, sin embargo, no ha podido concretarse, mientras la situación sigue agravándose.