La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que dos de los elementos relacionados con la muerte del estudiante de Ayotzinapa «se encuentran resguardados de manera voluntaria administrativa para aclarar los hechos, mientras que uno más está en proceso su localización por no tener una situación jurídica dictada por la autoridad correspondiente».
Señaló que «desde el primer momento de los hechos, los elementos estatales involucrados rindieron su declaración ministerial de manera voluntaria ante el Ministerio Público de la agencia especializada de delitos graves de la FGE el día 8 de marzo a las 7:30 horas».
En comunicado de prensa, aseguró que «es competencia del órgano de procuración de justicia, la retención de los elementos por al menos 48 horas y en su caso, solicitar la ampliación del término, así como solicitar la orden de aprehensión».
Sin embargo, agregó, «en el ánimo de colaborar con las instancias ministeriales y en espera de la liberación de las órdenes de aprehensión por la Fiscalía General del Estado, y de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal actuó sin ninguna omisión, pues los elementos se mantienen plenamente identificados».
Es importante resaltar que «a las 07:30 horas del día 8 de marzo, los tres elementos estatales rindieron entrevista ante la Fiscalía del Estado, de manera voluntaria, quienes manifestaron en todo momento su deseo de declarar y colaborar en el esclarecimiento de los hechos».
Cabe destacar que «hubo dilaciones que obedecieron a la negativa de la fiscalía en recepcionar la puesta a disposición; asimismo durante todo el evento, la enlace Jurídico Región Centro, intentó entablar comunicación con el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la FGE, para el apoyo correspondiente sin obtener resultados».
Es de resaltar, insistió la dependencia, que estos procedimientos «se han atendido de manera transparente y conforme a derecho de los propios elementos involucrados en los hechos, cuidando los protocolos de actuación.
Nuestra institución se rige «por los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, con estricto apego a las leyes sobre el uso de la fuerza y los protocolos de actuación policial. Cualquier miembro o elemento que transgreda estos principios debe ser sancionado conforme a la Ley».