Por segunda vez en menos de una semana, la Ciudad Judicial fue evacuada ante amenazas de bomba, que esta vez llegaron directamente a las oficinas de los magistrados, con tácticas de terror.
“Se los va cargar la v…, van a salir volando magistrados y niños”, dijeron a las secretarias de los jueces superiores ayer en una llamada telefónica personas que colgaron una vez que difundieron el mensaje.
Esta fue la cuarta amenaza que reciben los juzgados en lo que va del año.
El vocero del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua, Luis Rubén Maldonado, señaló que esta vez el mensaje fue dirigido a personal de una de las salas.
Producto de la movilización de bomberos y soldados del Ejército para buscar artefactos explosivos, ayer fueron suspendidas 63 audiencias judiciales y solamente se retomaron seis. El resto se reprogramó.
El pasado 9 de enero al menos dos jueces de Control recibieron mensajes intimidatorios en sus teléfonos personales. En ellos se leía que “jueces provisionales” estaban apoyando a la pandilla “Mexicles”.
El martes de esta misma semana se repitió la amenaza de bomba y fueron desalojados los juzgados civiles y familiares del eje vial Juan Gabriel.
Fue hasta el jueves, sin embargo, que el Tribunal Superior de Justicia formalizó una primera denuncia por amenazas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Maldonado señaló que, aparte de esa denuncia, la Dirección de Seguridad Interna del TSJ inició ya una investigación para descartar que haya filtraciones entre el personal de los juzgados.
Y es que “han llegado mensajes incluso hasta los intendentes”, dijo. “No sabemos quién sea el beneficiario” de las amenazas, continuó al señalar que se desconoce la finalidad.
Señaló que se está trabajando en nuevos protocolos de seguridad dentro de los edificios, ya que se identificó que se “está agarrando un modus operandi” en este tipo de amenazas.
El fin, comentó, es evitar que se entorpezcan labores y audiencias.
“En el último trimestre se licitó la compra de cuatro equipos de rayos X que apenas se instalaron esta semana; no sólo es respuesta a los eventos”, aseguró. “Es apenas el inicio de un mejor esquema de seguridad”.
Gabriela Cota Santos, vocera de la Fiscalía, informó que se inició con la integración de la carpeta correspondiente por parte del Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos contra la Paz.
Recordó que la amenaza es un delito que requiere de querella por la parte afectada para abrir una carpeta de investigación, esto según lo prevé y sanciona el artículo 98 del Código Penal del Estado.
Esta es la primera querella interpuesta por el TSJ ante el Ministerio Público, aseguró Cota Santos.
El pasado martes, según reportó Luis Maldonado, vocero del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), fueron evacuadas 900 personas de los edificios del Distrito Judicial Bravos.
“En Ciudad Judicial fueron evacuados en tres minutos un total de 350 personas, mientras que en los otros tribunales fueron 550 personas en un lapso de 3.5 minutos”, dijo el portavoz.
En esta ocasión no fue activada la alerta para los empleados, sino que fueron notificados de la amenaza por medio de mensajes vía WhatsApp.
“De manera preventiva y derivado de la circulación de un mensaje de amenaza estamos evacuando discretamente los edificios en este momento. Les agradezco enteren a su personal y de manera ordenada empecemos con el desalojo de las instalaciones de todos los edificios de eje vial Juan Gabriel”, fue el exhorto compartido en los grupos de mensajería instantánea.
“Les agradezco se apeguen a los protocolos ya establecidos y podamos atender las revisiones de la Secretaría de Seguridad Estatal (SSPE)”, indicaban.
Sin embargo, al descartar la activación de la alarma, se rompieron los protocolos de seguridad internos, expuso un empleado del TSJE.
“Hay una norma mexicana a la que se debe dar cumplimiento y no se puede omitir, menos los tribunales cuyo trabajo es el estricto cumplimiento de la ley”, planteó un juez.
Fueron precisamente las juezas y los jueces los que expusieron su molestia por esta última evacuación, al exponer que si la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Policía Cibernética, ya hubiera realizado las investigaciones correspondientes, “no serían la burla de personas ociosas que afectan las actividades de por sí saturadas”.
“Si hubieran investigado las amenazas que se han recibido, de dónde provenían esas llamadas, quién las está haciendo y con qué fin, le podrían poner un freno a esto. Entonces, creo que la Policía Cibernética está pintada”, expuso un juez.
“Ya somos la burla de cualquiera porque en Fiscalía no hacen su trabajo de investigación, no es posible que esto siga ocurriendo… ¿quién está investigando y qué resultados han tenido?”, planteó molesta una jueza penal que tuvo que suspender una audiencia.
Los empleados de la Fiscalía de Distrito Norte también fueron evacuados, lo que causó risas entre investigadores y agentes del Ministerio Público que aprovecharon el momento para salir a comer.