Las tomas clandestinas al sistema de ductos de gas licuado de petróleo (LP) de Petróleos Mexicanos (Pemex) romperán récord al finalizar este 2023, con cerca de 3,848 perforaciones, según cálculos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo y Empresas Conexas (Amexgas).
Y es que por lo menos en la primera mitad del año se calcula un total de 1,924 tomas clandestinas ejecutadas, cifra que ya significó el 77% de todos los ilícitos del año pasado.
Así lo afirmó Carlos Serrano, presidente ejecutivo de la Amexgas, quien detalló que si bien la actual administración ha llevado a cabo esfuerzos importantes por frenar el robo de combustibles automotrices como gasolinas y diésel de los ductos de Pemex, se ha olvidado de que la sustracción de gas LP se ha convertido en un negocio altamente atractivo para el crimen organizado.
Con ello, de 222 tomas clandestinas perpetradas en 2018, se pasó a 1,325 ilícitos en 2019, un aumento de 5.9 veces en este delito en tan sólo un año, como bien reportó la Amexgas. Y de esta manera, continuó la tendencia de aumento de tomas clandestinas, pues en 2020 se llegó a 2,071 perforaciones, mientras que en 2021 el ilícito alcanzó un total de 2,402 tomas en todo el país.
“Es una situación en la que perdemos todos, empresarios, usuarios y el gobierno, a través de Petróleos Mexicanos, que absorbe las pérdidas como propias, mientras se sale de control esta situación”, dijo Carlos Serrano.
La estimación en volumen de gas sustraído para todo el 2023 asciende a 70,000 toneladas, que con el promedio actual de precios del combustible llegaría a 22,000 millones de pesos que absorberán las empresas del rubro y Pemex. El gas LP es el de mayor consumo doméstico en el país y llega a siete de cada 10 hogares, según estimaciones de la Secretaría de Energía. Sin embargo, su distribución se realiza en buena parte del país mediante ruedas o transporte terrestre en pipas, con una red de amplio volumen con la que Pemex atraviesa desde sus centros productores en Veracruz hasta el centro del país.
Las tomas clandestinas se concentran en seis entidades: Veracruz, Puebla, México, Tlaxcala, Oaxaca e Hidalgo.