Un derrame de hidrocarburos en Papantla, Veracruz, provoca graves daños ambientales y económicos, afectando la vida de las comunidades indígenas totonacas desde hace 42 días, mismos que piden una remediación a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), señalaron organizaciones.
A pesar de la magnitud del desastre, Pemex, empresa responsable del incidente, ha sido acusada por los pobladores de las localidades de Ojital Viejo, en Papantla, y El Chote, en Coatzintla, de implementar medidas insuficientes y mal ejecutadas, lo que ha agravado la situación.
El derrame, originado el 21 de agosto por un oleoducto sin mantenimiento adecuado, ha contaminado 12 kilómetros de un arroyo que desemboca en el Río Cazones, dejando a su paso una estela de efectos secundarios.
Entre ellas, las comunidades locales han reportado la muerte de fauna silvestre y animales domésticos, además de la pérdida de cultivos y la contaminación de pozos artesianos, esenciales para el suministro de agua en la región.
Además, han reprochado que las consecuencias del derrame han destruido sus principales fuentes de sustento, pues los pozos de agua que los abastecen están contaminados, al igual que las tierras agrícolas que ahora no son aptas para el cultivo.
El arroyo afectado, afluente del Río Cazones, representa una de las principales fuentes de agua de la región, lo que ha puesto en riesgo la salud de cientos de personas.
También acusan que, lejos de controlar el derrame, las acciones de Pemex han sido catalogadas como irregulares y peligrosas por las propias comunidades y organizaciones civiles.
Durante una inspección realizada a finales de septiembre por la Alianza Mexicana contra el Fracking, se constató que la empresa ha enviado una cuadrilla de apenas ocho trabajadores, sin el equipo de seguridad necesario y con herramientas rudimentarias, a remover el suelo contaminado.
Lo más alarmante, denuncian los habitantes, es que Pemex ha colocado el suelo removido directamente junto al arroyo, sin tomar medidas para evitar que los contaminantes se filtren nuevamente a los cuerpos de agua, un error que ha empeorado la situación, sobre todo tras las lluvias que cayeron a principios de octubre.
Entre otras organizaciones, los colectivos advierten que Pemex no ha implementado ningún plan adecuado de remediación y que las medidas aplicadas han sido improvisadas, carentes de la tecnología y protocolos requeridos para un desastre de esta magnitud.
La indignación en las comunidades es palpable, pues los habitantes de estas comunidades afirman haber recibido un trato “despótico y discriminatorio” tanto por parte de Pemex como de las autoridades gubernamentales, que hasta ahora no han intervenido de manera efectiva ni han ofrecido información clara sobre los efectos del derrame.
“No han venido a ver cómo estamos, no han hecho nada por remediar los daños”, expresaron los vecinos de Ojital Viejo, quienes han tenido que organizarse por su cuenta para intentar mitigar los efectos del derrame, incluyendo brigadas para rescatar fauna y frenar la contaminación.
Ante este contexto y la falta de acción efectiva, las comunidades afectadas, junto con diversas organizaciones, exigen que Pemex retire de inmediato los materiales contaminantes y asuma la restauración completa de los ecosistemas destruidos.
Asimismo, piden que se garantice el acceso a atención médica para las personas expuestas a los contaminantes y que se sancione ejemplarmente a la empresa.
También piden que se realicen inspecciones rigurosas y que el Estado mexicano adopte medidas para prevenir futuros incidentes de este tipo, que no solo dañan el medioambiente, sino que también afectan gravemente a las comunidades más vulnerables.
Este desastre vuelve a poner en entredicho la gestión de Pemex y su impacto ambiental en una región que, a pesar de haber sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, parece ser considerada como una zona de sacrificio.