La reforma que impulsa que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administre la GN, un cuerpo de seguridad con más de 120 mil agentes que López Obrador creó en 2019 bajo la premisa de mantenerlo civil, alcanzó 25 votos a favor y 10 en contra por las Comisiones Unidas de Puntos constitucionales y de Estudios Legislativos.
El dictamen, aprobado por la mayoría oficialista, ahora será turnado al pleno de la Cámara alta para su discusión e inminente aprobación y que sesionará mañana.
Los grupos parlamentarios de oposición y algunos organismos nacionales e internacionales advirtieron que se lleva a cabo una militarización de todos los ámbitos del país, mientras en la discusión los legisladores se enfrascaron en cifras de homicidios y personas desaparecidas.
Lo anterior, al modificar el artículo 129 de la Constitución, que ahora limita las funciones militares en tiempos de paz, una norma que no se ha cambiado desde 1857. Asimismo, cambia el artículo 21 para eliminar la “garantía orgánica” que obliga a que las instituciones de Seguridad Pública sean de carácter civil.
Entre otros cambios, establece que los delitos serán investigados por el Ministerio Público, las policías y la GN, así como que su personal tendrá origen militar con formación policial y estarán adscritos a la Sedena y ejecutarán la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy, dijo que la reforma propuesta por López Obrador responde a la necesidad de enfrentar los retos contemporáneos para alcanzar plenamente la paz, resolver los problemas de seguridad pública y de coordinación entre las instituciones de seguridad.
“Coincidimos con la colegisladora (Cámara de Diputados) en que es necesario abordar el problema de la debilidad institucional de las fuerzas de seguridad civiles y que en esta situación explica la necesidad de crear una fuerza con alcance nacional, dotada de mejores capacidades operativas, recursos suficientes y una estructura organizativa robusta”, añadió.
El presidente López Obrador ha negado que exista “militarismo” y “represión” con la reforma que aprobó el 19 de setiembre pasado la Cámara de Diputados.
En tanto, las Comisiones Unidas del Senado también dieron su aval, en este caso por unanimidad, el dictamen para reconocer los derechos de las comunidades originarias y afromexicanas.
Con este resultado avanza el reconocimiento por primera vez en la historia mexicana a los pueblos indígenas en México como sujetos de derecho, donde más de 23 millones de personas se identifican como tal, entre un total de 126 millones de habitantes.
Esta reforma reconoce la composición multiétnica y pluricultural de la nación y también a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Asimismo, eleva a rango constitucional el derecho de las comunidades a la consulta libre, previa, informada culturalmente adecuada y de buena fe respecto a medidas legislativas y administrativas que puedan causar afectaciones e impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o llegar a un acuerdo.
Precisa que la jurisdicción indígena se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo con los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas, dentro del orden jurídico vigente, en los términos de la Constitución y las leyes aplicables.
También determina que las personas indígenas tendrán, en todo tiempo, el derecho a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género, y diversidad cultural y lingüística.
La reforma para los derechos de las comunidades originarias y afromexicanas, así como el que militariza la GN, forman parte de un paquete de 20 iniciativas presentadas por López Obrador en febrero pasado y que incluyen, entre otras, la reforma al Poder Judicial que entró en vigor la semana pasada.