Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dejó en claro que la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador socavaría la independencia de la judicatura nacional.
Satterthwaite realizó un análisis sobre el impacto que tendría la iniciativa de reforma judicial que se planea sea discutida y aprobada en el Congreso mexicano en próximas semanas.
“Con relación al paquete de iniciativas de reforma presentadas el 5 de febrero de 2024 por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados, las cuales considero que podrían socavar la independencia de la judicatura mexicana, en particular de las cortes federales de los Estados Unidos Mexicanos (“México”) en caso de ser promulgadas sin modificaciones sustanciales”, dijo.
Indicó que las iniciativas propuestas podrían impactar directamente en el funcionamiento de la judicatura “al someter el mecanismo de selección de jueces a un procedimiento en el cual las consideraciones políticas podrían fácilmente superponerse a los méritos objetivos de un candidato.
“Estas preocupaciones se intensificarían en el contexto de desconfianza que podría existir alrededor de los procesos de selección judicial que se llevan a cabo en medio de alegaciones sobre corrupción, tráfico de influencias y falta de mecanismos efectivos para la participación de la sociedad civil”, puntualizó.
Además, dejó en claro que dicha reforma carece de “un mecanismo transparente, independiente y accesible” que permita a una autoridad independiente verificar si los candidatos a jueces, magistrados y ministros cumplen con los requisitos de formación, aptitud e integridad.
Enfatizó que con esta reforma hay riesgo de que los candidatos a un lugar en el Poder Judicial “busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas”.
“Adicionalmente, la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”, lanzó.
“Tales dinámicas suponen riesgos significativos para la imparcialidad de las decisiones judiciales y podrían socavar aún más la confianza pública en una judicatura que ya enfrentaría desafíos relacionados con su reputación e integridad”, explicó.