La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), aprobó por unanimidad el dictamen que reforma el artículo 123 de la Constitución Política, para establecer que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia.
Además, el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.
La reforma al primer párrafo de la Fracción VI del Apartado A, precisa que los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán las áreas geográficas que se determinen y los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales.
En tanto, la adición de un tercer párrafo a la Fracción IV del Apartado B, garantiza que las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El dictamen argumenta que el salario a que hace referencia el párrafo anterior es de dieciséis mil setecientos setenta y siete pesos con sesenta y ocho centavos, que equivale al salario mensual promedio registrado en 2023 en el Instituto Mexicano del Seguro Social actualizado por la inflación estimada para el año 2024.
Indica que este monto se actualizará el 1° de enero de cada año, de acuerdo con la inflación estimada para ese año.
En lo general, el dictamen que deriva de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal y diversas suscritas por las y los diputados, fue avalado con la unanimidad de 38 votos a favor.
Mientras que, en lo particular, se ratificó con la unanimidad de 37 votos a favor, la reserva impulsada por la diputada Adriana Bustamante Castellanos (Morena), y presentada por el legislador Leonel Godoy Rangel (Morena), al primer párrafo de la Fracción VI del Apartado A.
Godoy Rangel detalló que la inflación es un tema complejo que tiene que ver con factores como la oferta y la demanda, el precio del dólar, el costo de la canasta básica y cómo se da el aumento al salario mínimo, de ahí que esta propuesta intente hacer este cálculo de manera que beneficie a las y los trabajadores para que su ingreso sea superior a ésta.
Diputadas y diputados externan posturas
El diputado Iran Santiago Manuel (Morena) manifestó que se van a seguir defendiendo y consolidando los derechos de los trabajadores de la educación y de todo el país. “Hoy hago esta reflexión específicamente de los compañeros trabajadores de la educación porque del salario que reciben tienen que pagar su pasaje, renta incluso si los compañeros quieren seguir estudiando tienen que pagar sus maestrías; por ello, es importante ese aumento que se está dando”.
Por el PAN, la diputada Paulina Rubio Fernández externó que estas reformas no son solo propuestas del Presidente, sino que contemplan iniciativas de las y los diputados del PAN. Resaltó la importancia de hacerle justicia a las y los trabajadores al servicio del país a tener un ingreso consagrado que no pueda ser inferior al registrado ante el IMSS y del aumento del salario mínimo conforme a la inflación.
El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) se pronunció a favor del dictamen, ya que la inscripción en la Constitución de que el incremento del salario mínimo no podrá ser por debajo de la inflación permitirá atender la situación que hoy vive la ciudadanía, la cual ha ingresado a la franja de la pobreza. “Respaldamos esta reforma porque estamos convencidos que con ello se evitará que el salario pierda su valor adquisitivo”.
Del PVEM, el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis destacó la importancia de garantizar los logros alcanzados y evitar un retroceso en materia de salario mínimo, así como hacer de esta política un mandato constitucional, ya que ayudó a reducir la pobreza multidimensional en México pasando de 41.9 por ciento en 2018 a 36.3 por ciento en 2022. “Se ha corregido el deterioro que durante décadas ha sufrido la clase trabajadora y empleados públicos; es un asunto de justicia social”.
Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, comentó que es necesario que en la Constitución Política quede establecido que nunca más pueda haber de entrada aumentos salariales por debajo de la inflación y que los salarios tengan un incremento real por encima de la misma, y que el ingreso de la gente tenga un crecimiento constante, pues con un salario remunerador contribuye a la riqueza de la patria.
El diputado Braulio López Ochoa Mijares (MC) se manifestó a favor del aumento del salario mínimo y dotar de una paga mensual que no sea inferior al salario promedio registrado ante el IMSS a las y los maestros, médicos, enfermeros, policías, integrantes de la Guardia Nacional y las Fuerza Armadas; no obstante, dijo, se puede ir más allá y fijar un monto mínimo de diez mil pesos por persona. “El aumento de los ingresos ha tenido resultados positivos y ha permitido que las personas salieran de la pobreza”.
En lo particular, las diputadas Susana Prieto Terrazas (sin partido) y Laura Lorena Haro Ramírez (PRI), así como los diputados Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) y Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI), presentaron reservas las cuales no fueron aceptadas para discusión.
La diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz (Morena) externó su postura a favor de la reserva presentada por el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena).
Aprobado en lo general y en lo particular, el dictamen se remitió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos legales.