La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya tiene listo el proyecto de dictamen para la extinción de siete organismos autónomos, entre los que se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
La comisión prevé discutir y votar el dictamen en agosto para así llevarlo al Pleno en septiembre, tras el inicio de la próxima legislatura.
Además del INAI y el IFT, se busca la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Así, las funciones de dichos organismos las asumirían distintas dependencias. Esta reforma, de acuerdo con los postulantes, busca resolver supuestas duplicidades y replantear la organización del Estado para adecuarla a los principios de “racionalidad, austeridad, eficiencia y eficacia”.
Además, se asegura que la eliminación de dichos organismos no representa ninguna violación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Así, se distribuirían las facultades de la siguiente forma:
La tutela del derecho de acceso a la información y protección de datos personales, a cargo del INAI, sería asumida por la Secretaría de la Función Pública y organismos de los poderes Legislativo y Judicial, entre otras entidades.
El deber de garantizar las condiciones de libre competencia en los mercados de la Cofece pasaría a la Secretaría de Economía.
La regulación de las telecomunicaciones y radiodifusión del IFT quedaría en manos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Las mediciones de la pobreza en México y la evaluación de los programas y políticas del gobierno pasaría del Coneval al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La regulación en materia energética a cargo de la CRE, así como en materia de hidrocarburos de la CNH, pasarían a la Secretaría de Economía.
Las labores de evaluación de la educación de Mejoredu quedarían a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).