La agencia de calificación crediticia Fitch emitió un comunicado en el que expresó preocupación por el impacto “negativo” en el “apetito de inversión” en el país que pudiera tener la reforma judicial que impulsa el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Las reformas judiciales propuestas en México podrían afectar negativamente el apetito de inversión y el entorno de negocios de las empresas no financieras si su implementación impide la autonomía y calidad del sistema judicial”, señala Fitch Ratings.
El comunicado reconoce que los resultados de las elecciones de junio, en donde Claudia Sheinbaum se impuso con aplastante mayoría, señalan una “amplia continuidad política y solidifican el amplio apoyo político del partido Morena (…) que podría asegurar suficiente apoyo legislativo para aprobar enmiendas constitucionales”.
Las modificaciones en el método de selección de los jueces han suscitado la preocupación de los inversores sobre la imparcialidad judicial para resolver conflictos entre las autoridades gubernamentales y las empresas”, agrega Fitch.
El organismo crediticio, aunque reconoce que es pronto para calibrar las consecuencias de la modificación constitucional, cree que “estas reformas en general afectarían negativamente al perfil institucional de México”.
“La gobernabilidad de México ya es relativamente débil”, señala el escrito que refleja que la puntuación del país está muy por debajo de la media del Indicador Mundial de Gobernabilidad del Banco Mundial.
El informe hace referencia a la inestabilidad económica que se creó cuando se confirmó el resultado de las elecciones del 2 de junio, en las que Sheinbaum consiguió la mayoría absoluta, cuando el peso mexicano se depreció notablemente frente al dólar estadounidense.
“La inminencia de reformas económicas, regulatorias y judiciales en México ha provocado una mayor incertidumbre entre los inversores y un aumento de la volatilidad de los mercados a corto plazo”, expresa la agencia.
Por último, Fitch señala que las empresas mexicanas podrían enfrentarse a un escenario de menor crecimiento económico si el “deterioro del marco judicial actual o el debilitamiento de los controles y equilibrios gubernamentales reducen la inversión nacional y extranjera”.
“Prevemos que el sector privado estará más preocupado si se aprueba la reforma del poder judicial, ya que podría favorecer a las empresas estatales frente a las entidades de propiedad privada”, dice el organismo, que reconoce el papel clave jugado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la protección de las empresas frente a iniciativas estatales.
La reforma, cuyo objetivo es la elección por voto popular al Poder Judicial que planteó el presidente López Obrador, ha sido defendida por Sheinbaum Pardo, quien asumirá el Gobierno el próximo 1 de octubre, al anunciado que continuará con el proyecto.