“Presidenta, los juzgadores no somos políticos, no competimos en la arena política, menos aun si hemos sido señalados frecuentemente por no haber resuelto en el sentido que una de las partes pretendió, sin la posibilidad de rebatir en igualdad de condiciones esas críticas”, señala la carta que circula en redes sociales.
Destacan que en las últimas tres décadas el Poder Judicial ha invertido recursos económicos e investigación para formar profesionales al servicio de México, desarrollo de planes de estudio, programas académicos y en sensibilización y conocimiento de la problemática nacional, bajo la visión de la protección de los derechos humanos.
“Acceder a los cargos de juez y magistrado por voto popular dejará de lado toda esa inversión. El voto popular no está dirigido a favorecer las cualidades derivadas de la formación social y profesional del juzgador. El voto popular es fuente y producto de la actividad política, que no nos corresponde realizar”, señala.
Los firmantes, cuyos nombres aparecen en la carta, se identifican como Juezas y Jueces de Distrito y Magistradas y Magistrados de Circuito, egresados de la Especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito, del Instituto de la Judicatura Federal generación 2011-2012.
Entre ellos figuran juzgadores como Jorge Eduardo Ramírez Téllez, Amilcar Asael Estrada Sánchez, Breyman Labastina Martínez, Carlos Aldo Vargas Eguiarte, Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz y Ciro Carrera Santiago.
La carta comienza con una felicitación a Sheinbaum por ser la primera mujer electa para encabezar al Poder Ejecutivo, y le reconocen su vocación social y científica.
“Esa vocación también es nuestra, porque no hay mejor ejemplo de servicio social que impartir justicia conforme a las leyes aprobadas por el pueblo, ni mayor valor de la ciencia, que tomar decisiones con base en pruebas obtenidas de un proceso.
“La ciencia y el derecho nos responsabilizan de tomar decisiones fundadas en la razón y alejadas de las pasiones. Así, nos dirigimos a usted para expresarle nuestra preocupación por el contenido de la iniciativa de reforma judicial”, señalan.
Además, rechazaron que se generalice como corruptos a los integrantes del PJF «sin haber discutido los argumentos y fundamentos de las sentencias dictadas durante nuestra función, ni haber señalado concretamente qué prueba sustenta ese dicho”.
“Exigimos la sanción de los malos juzgadores, pero no podemos todos ser castigados por la conducta de unos cuantos”, apuntaron.
Y para refutar el argumento de la opacidad en el PJF, afirmaron que dicho órgano “está abierto a la ciudadanía, ya que somos fiscalizados por un órgano de vigilancia y disciplina; hay seguimiento continuo de nuestra evolución patrimonial; se reciben quejas y denuncias de quien tenga pruebas de un actuar irregular; se investigan los hechos respectivos y, si se demuestran, se sancionan; se escucha a todo interesado antes de nombrar a un juzgador, así como antes de ratificarlo”.