Fue el pasado viernes cuando se dio a conocer de la inhabilitación en el servicio público por 3 meses en contra de Mónica Vargas, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el gobierno de Javier Corral Jurado.
La sanción deriva del incumplimiento en la entrega de la información y falta de aclaración de las observaciones realizadas al acta entrega recepción de la SFP, luego de 16 meses de una disputa jurídica derivada de un recurso de amparo que interpuso la exfuncionaria.
«Eso es lo que que esperan los ciudadanos, que cuando un funcionario se equivoca haya esta respuesta por parte de la autoridad. No lleva convocatoria como se utiliza luego para victimarse, se trata de hallazgos o de información que la Función Pública identifica y en los casos en los que así procede, se lleva el procedimiento y en algunos casos se concluya con una sanción».
Aclaró que toda persona está en su derecho de interponer los recursos jurídicos que considere conveniente y que en el caso de Mónica Vargas, se trata de una sanción que quedó firme luego de que se desechó el recurso de amparo que interpuso.