En México, como en todo el mundo, va en aumento el daño a la reputación e imagen de particulares, personalidades públicas, empresas e instituciones, especialmente en redes sociales o en medios de comunicación digitales, afirma la presidenta de la Fundación Mujeres Transformando México, Jessica Oceguera Rosales. Ella misma fue víctima de una experiencia de ese tipo, por lo que ahora busca visibilizar el tema del daño moral que causan publicaciones falsas o sin sustento, cuya trascendencia e impacto en la vida de las personas u organizaciones no se ha medido lo suficiente en el país.
En 2019, Oceguera Rosales, abogada de profesión, fue exhibida en redes sociales en un video por la Policía Municipal de Metepec, Estado de México. Se destruyó su carrera de más de 20 años, así como sus aspiraciones políticas. A partir de su experiencia, ella y un equipo de abogados iniciaron una investigación, para saber qué tantos antecedentes había en el caso de daño moral y reparación del daño.
Sin embargo, señaló, estamos prácticamente en pañales, porque en México solo existe un antecedente en la Corte, donde un abogado solicitó la restitución de su imagen y la reparación del daño al respecto. “Pero hay familias completas en nuestro país que han vivido este tipo de casos y no tienes que ser un personaje público, artista o político, para estar sometido a una situación así, cualquiera podemos ser víctimas de una práctica ilegal de este tipo».
En Europa, y para tener una dimensión del incremento de la difusión de notas falsas o sin sustento que dañan a personas u organizaciones, las estadísticas del gigante digital Google señalan que más de un millón 600 mil personas han solicitado en los últimos 10 años la eliminación de sus datos de sus motores de búsqueda por contener información “inadecuada, excesiva o irrelevante”, lo que ha permitido borrar más de dos millones 260 mil links o enlaces de sus resultados, destacó Oceguera Rosales.
En este marco, Oceguera Rosales afirmó que están construyendo una iniciativa de ley para regular el daño moral que se puede causar con la difusión de información falsa y sin sustento en las redes sociales o en otros medios de comunicación. “La lucha es como sociedad civil en este momento y estamos en el proceso del diseño de la iniciativa de ley, la estamos construyendo con lo que hay y con las buenas prácticas y experiencias internacionales. Son apenas cinco años en los que nos hemos metido de lleno al tema para saber qué existe en nuestro país y hasta donde podemos direccionarla garantizando siempre también la libertad de expresión», indicó.
Lo que es de vital importancia es resaltar los daños psicológicos, morales y económicos, que pueden sufrir las víctimas de publicaciones de este tipo y que pueden destruir por completo su vida, e incluso provocar la muerte de alguien sometido a la presión de un ataque de este modo. En mi caso, dijo, además de terminar con mi carrera política y profesional, mi familia tuvo afectaciones y tuvimos que hacer cambios y alterar en muchos modos nuestras vidas, por ese a raíz de lo que me sucedió mucha gente se me acercó para decirme que vivió algo simular.
Por ello, decidí conformar desde la sociedad civil una equipo y estrategia para investigar y evaluar los daños que pueda generar una nota falsa o mal sustentada. Hemos hecho investigación y vemos que hay muy pocos antecedentes, sólo una jurisprudencia que habla de la reparación del daño. Algo que se ha estado promoviendo es el derecho al olvido, que hoy en Europa es una realidad, es una ley establecida donde se da oportunidad a las personas que han sido desprestigiadas o que han tenido una situación de este tipo y se borra de los motores de búsqueda sus datos.
Estamos previendo que sea a partir de que esté integrada la nueva Legislatura cuando nosotros impulsemos la iniciativa de ley con nuestro equipo jurídico que ha orientado el tema inicialmente hacia la reparación del daño moral y restitución del daño, porque es una ley que ya existe, pero en la que hay lagunas en su ejecución. “Realmente estamos en pañales, no estamos en un escenario como en Estados Unidos donde la restitución del daño aplica prácticamente por default”, concluyó.