La resolución, impulsada por los legisladores Claudio Romero y Emmanuel Ferrario, de la conservadora Propuesta Republicana (Pro), fue tramitada “a pedido de la diáspora venezolana en Argentina” y contó con el voto a favor de la mayoría de los miembros de la cámara, según un comunicado de la institución, formada por sesenta diputados.
Sin embargo, los legisladores del Frente de Izquierda se abstuvieron y los legisladores Unión por la Patria (kirchnerista) votaron en contra.
“En la Ciudad de Buenos Aires no vamos a tolerar dictadores, gente que venga a vulnerar los derechos humanos, gente que haga atrocidades en su país en nombre de una revolución que no existe, gente que use la tortura como un método de gobierno”, expresó el legislador Romero.
Elisa Trotta, secretaria general del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD, una organización creada en 2020), celebró la decisión adoptada por la Legislatura porteña, al considerar que representa un contundente mensaje de respaldo a los más de 220 mil venezolanos “que han tenido que escapar de su país y radicarse en Argentina”.
“Los autócratas, como Maduro, deben saber que sus crímenes no van a quedar impunes y que el mundo no es su patio trasero para pasearse con sus manos manchadas de sangre”, añadió Trotta, diplomática venezolano argentina.
La resolución fue aprobada a 45 días de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el país caribeño.
“Los venezolanos están en las calles, acompañando el movimiento de liberación nacional que encabezan María Corina Machado y Edmundo González (opositores antichavistas)”, agregó Trotta, quien declaró que “el mundo está observando y no permitirá que se robe la voluntad de los ciudadanos que se exprese en las urnas el próximo 28 de julio”.
Seis ciudadanos opositores al Gobierno de Venezuela permanecen asilados desde el pasado 26 de marzo en la residencia de la Embajada argentina en Caracas.
El pasado 30 de mayo, la ministra de Relaciones Exteriores argentina, Diana Mondino, exigió a Venezuela “la inmediata emisión de salvoconductos”, en cumplimiento de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, para que este grupo pueda abandonar el país.