La alimentación de las personas privadas de la libertad en Ecuador causa preocupación, mientras la entidad encargada de las cárceles afirmó hoy que trabaja para adjudicar a una empresa el contrato para las provisiones de los reclusos.
El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) emitió este viernes un comunicado en el cual señala que aún está en la etapa precontractual para adjudicar el contrato a la entidad que entregará los alimentos en la División Territorial 1, sin precisar la zona.
La institución agregó que el proceso se realiza con «metodologías» que no se implementaron en pasadas administraciones para eliminar riesgos de posibles irregularidades.
Este nuevo proceso de licitación ocurre luego que la compañía Lafattoria, la cual proveía de alimentos a una parte de las penitenciarías del país y también se ocupaba de abastecer el desayuno escolar, fue suspendida como proveedora del Estado.
El Gobierno del presidente Daniel Noboa solicitó a la Fiscalía General una investigación a esa firma y la acusó de tener vínculos con el narcotráfico, algo que la empresa niega.
En medio de protestas de familiares de los reclusos por la falta de comida, el 2 de mayo pasado un tribunal dictaminó que en un plazo máximo de 15 días el Ministerio de Finanzas debía entregar los recursos económicos al SNAI para restituir con normalidad el servicio de alimentación.
La demanda fue presentada por colectivos civiles y familiares de los prisioneros, entre ellas, la Coordinadora de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos. Sin embargo, este viernes, día en que se cumple el plazo, persiste la incertidumbre y los reos se alimentan de donaciones y entregas de sus parientes y otras instituciones.