Por denuncias de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en su mayoría, 18 exfuncionarios de la administración de Javier Corral y presuntos cómplices, enfrentan procesos penales e investigaciones por la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de la República.
Del total de exfuncionarios y presuntos cómplices, fueron altos funcionarios de la administración estatal: el secretario de Hacienda, Arturo F. V; el secretario de Salud y subsecretario de Egresos, Eduardo F. H; el coordinador de Comunicación Social, Antonio P. C y la directora administrativa de la dependencia, Paulina del Rocío L. Además, aparecen en investigaciones o procesados, otros tres del primero y segundo nivel de la administración estatal pasada: el director del Instituto Chihuahuense del Deporte, Juan Pedro S. G; el exfiscal de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, Francisco “Paquito” G. A, también exjefe de la “Operación Justicia” de la Fiscalía General, acusado del delito de tortura; y el secretario de Desarrollo Rural de la última parte del gobierno 2016-2021, René Almeida Grajeda, que no ha sido imputado.
Otros involucrados en posibles actos de corrupción son Susana R. L., exempleada de Xtrem Sports, empresa ligada al presunto desvío de recursos de la Coordinación Comunicación Social y Efraín Alonso M.D., socio de la misma, considerado cómplice del que fuera titular de la dependencia.
Asimismo, también forma parte de investigaciones en curso de la Fiscalía General, el equipo de agentes del Ministerio Público que colaboraron con Francisco G. A en la unidad especial que investigó posibles actos de corrupción de la gestión del exgobernador César Duarte, ya que han sido acusados de tortura para la integración de expedientes de los que fueron imputados como parte de la “Operación Justicia”.
El total de las causas penales y carpetas de investigación son llevados por las instancias ministeriales estatales y la federal, que han logrado mantener sujetos a proceso a dos exfuncionarios de primer nivel: Eduardo F., en libertad; y Antonio P., en prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán. En tanto, Arturo F., de Hacienda, es reportado como prófugo.
Por otra parte, el extitular del Deporte, Juan Pedro S.G, no ha sido imputado por peculado, pero ya enfrentó una denuncia que lo llevó a la inhabilitación el año pasado por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; y una denuncia penal que involucra a la gestión del exsecretario de Desarrollo Rural, está vigente pero no ha tenido avances.
LOS CASOS PRINCIPALES
El exsecretario de Hacienda, Arturo F. V., quien enfrenta un cargo de peculado por 98 millones de pesos y otro por uso ilegal de facultades, es considerado prófugo de la justicia, mientras que el resto están sujetos a proceso penal o son investigados por presuntos actos de corrupción.
Desde el nueve de mayo de 2023, el fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, informó de la causa penal contra el que fuera responsable de las finanzas estatales durante el régimen de Corral Jurado, pero éste había logrado ampararse para evitar su detención.
Meses después, señaló que el exfuncionario se encontraba en calidad de prófugo de la justicia, como lleva hasta la fecha poco más de nueve meses.
La acusación contra Arturo F.V surgió a partir de que, mediante una revisión financiera de los años 2019 y 2020, fueron detectados dos pagos por 49 millones 300 mil pesos cada uno, a un despacho de la Ciudad de México, que asesoraría al Gobierno del Estado en la reestructuración de la deuda pública.
Un pago fue realizado el tres de diciembre de 2019 y otro el cinco de agosto de 2020, sin que fuera encontrado el soporte documental del supuesto trabajo realizado por dicho despacho especializado en finanzas públicas.
La causa penal de la Fiscalía Anticorrupción contra el exfuncionario, comenzó por una denuncia de la Auditoría Superior del Estado, por presunto uso indebido de atribuciones, a lo cual la instancia investigadora determinó añadir el posible peculado agravado, de acuerdo a lo dispuesto por la legislación vigente.
Además, el exresponsable de las finanzas estatales enfrenta señalamientos no judicializados por no transferir, entre los años 2020 y 2021, recursos a la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) y a la Cruz Roja, por más de 450 millones de pesos.
Dichos montos son producto de la recaudación fiscal estatal mediante contribuciones extraordinarias que tienen definido su destino para inversión social mediante las asociaciones civiles, pero no ha sido determinada la responsabilidad del exsecretario en su desvío a otros rubros presupuestales.
Otro exfuncionario de primer nivel, Eduardo F.H., enfrenta una causa penal iniciada por la Fiscalía Anticorrupción desde mayo de 2023 por la contratación indebida, con la simulación de otro procedimiento, de un crédito por más de 401 millones de pesos, que comprometió las finanzas del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal).
El exsecretario de Salud, exdirector de Administración de la Fiscalía del Estado y exsubsecretario de Egresos durante el gobierno de Corral Jurado, fue acusado de uso ilegal de atribuciones y facultades, por lo cual fue vinculado a proceso, pero con el beneficio de enfrentarlo en libertad debido a que el delito no obliga a la medida cautelar de la prisión preventiva.
Extraoficialmente, después de que fue liberado para comparecer a la justicia sin estar en prisión, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción confirmaron la posibilidad de que el exsecretario recibiera criterios de oportunidad para colaborar con otros casos penales, es decir, que acudiera como testigo para fortalecer acusaciones contra otros exfuncionarios, sin embargo no ha sido confirmada de forma plena su participación como tal.
Otro exfuncionario de alto nivel procesado, con la prisión preventiva como medida cautelar, es el excoordinador de Comunicación Social, quien fue detenido por la Fiscalía Anticorrupción en septiembre de 2023, por hechos que datan desde el año 2019, por los cuales era buscado desde abril del año 2021. La acusación contra el exfuncionario involucra la asignación de 9.3 millones de pesos en contratos a favor de la empresa Xtreme Sports, con la que tenía relación.
La entonces novia de Antonio P., Susana R.L, era empleada de la empresa beneficiaria de los contratos con recursos públicos, además de que su hermana, Paulina del Rocío L., era la directora administrativa de la Coordinación de Comunicación. Las dos mujeres, el exfuncionario y el dueño de la empresa, Efraín Alonso M.D, están acusados de operar un desvío de recursos mediante dichos contratos para la supuesta producción multimedia del Gobierno del Estado.
Las dos hermanas enfrentan el proceso penal en libertad y el exfuncionario en prisión, mientras que el dueño de Xtreme Sports ha logrado evitar la detención mediante amparos.
BAJO INVESTIGACIONES MINISTERIALES
Otro exfuncionario del corralismo que ha sido llamado a comparecer ante la justicia, aunque ha sido pospuesta la audiencia inicial desde el mes pasado, es Juan Pedro S., titular del Deporte en la gestión pasada. Aunque no ha sido dada a conocer la causa por la que será imputado, la Auditoría Superior del Estado ha documentado múltiples irregularidades en dicha dependencia, por las que había procedido únicamente por la vía administrativa.
Por las observaciones de la Auditoría Superior, el exfuncionario fue inhabilitado por tres meses el año pasado para ocupar cargos públicos, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, pues el caso. El juicio de responsabilidad administrativa surgió a partir de una acción por un posible conflicto de interés, pues el exfuncionario autorizó contratos por una empresa de prestación de servicios de la que formaba parte.
Ahora el exdirector del Deporte Estatal será llevado a la justicia penal por otra causa que involucra distracción de recursos públicos.
Por otra parte, otra denuncia penal de la Auditoría Superior señala irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Rural en el año 2021, último año de la gestión corralista en el que la dependencia estuvo encabezada por René Almeida Grajeda. El exfuncionario no ha sido imputado ni señalado como posible responsable, pero de acuerdo a los resultados de una auditoría de cumplimiento financiero, la dependencia pagó indemnizaciones a beneficiarios del “Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural”, de los cuales se detectó que la documentación que integra el expediente de varios de ellos, no fue reconocida como expedida por parte de los municipios de Guachochi, Madera y Temósachic; así como también, se reconoció por parte de algunos beneficiarios el no haber recibido el apoyo económico y/o no haber realizado trámite alguno ante el municipio correspondiente para que le fuera extendida una constancia de acreditación de propiedad.
Finalmente, en el único caso que no está relacionado con malversación de recursos públicos, se encuentra el caso del exfiscal de Derechos Humanos y nueve exagentes del Ministerio Público de la “Operación Justicia”, con acusaciones de tortura.
El único que está bajo proceso es el que fuera coordinador de la unidad especial, Francisco G. A, detenido por la Fiscalía del Estado en noviembre de 2022 y liberado en marzo de 2023, después de que la Fiscalía General de la República atrajera la carpeta de investigación, por la cual permaneció vinculado a proceso el imputado, pero con el beneficio de la libertad. Hasta el momento dicha causa no tiene avances en la FGR, que no ha solicitado el inicio del jucio a los tribunales federales.
En tanto, sus exccolaboradores, de acuerdo con fuentes de la FGE, siguen con investigaciones abiertas, todos fuera de la instancia estatal.