El fiscal general de Virginia Occidental, el republicano Patrick Morrisey, pidió este martes a la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, que invoque la enmienda 25 de la Constitución para inhabilitar como mandatario a Joe Biden, de 81 años.
Morrisey apoyó su misiva en el informe del fiscal especial Robert Hur con las conclusiones de la investigación que se le efectuó a Biden por la retención de documentos clasificados de su época de vicepresidente de Barack Obama (2009-2017), donde aunque recomendó no imputarlo, subrayó que demostró una memoria “significativamente limitada“.
El declive cognitivo del presidente Biden es algo que preocupa mucho a los estadounidenses, especialmente en estos tiempos en el que nuestra nación afronta una crisis detrás de otra, tanto aquí como en el extranjero. Necesitamos un presidente mentalmente capacitado“, dijo el fiscal general de Virginia Occidental.
Para Morrisey, el informe de Hur “presenta un panorama claro de un presidente que no es apto para el cargo”.
Por ello, urgió a Harris a que haga uso de esa enmienda que contempla que miembros del gabinete puedan apartar al presidente de sus funciones en caso de que le consideren incapaz de desempeñar los poderes y deberes del cargo.
“La enmienda 25 fue diseñada para momentos como este”, destacó en esa carta, donde aunque admitió que es una “medida extrema” instó a ver “mas allá” de la relación personal entre Biden y la vicepresidenta para evaluar la situación de forma objetiva.
En caso de negarse, Morrisey pidió a Harris que deje la decisión en manos del fiscal general del país, Merrick Garland.
El fiscal general de Virginia Occidental no es el primero que se ha pronunciado en esa línea.
El pasado 9 de febrero, un grupo de legisladores republicanos también instaron a utilizar ese recurso constitucional.
“Merrick Garland tiene el deber de invocar la enmienda 25 ante sus compañeros del gabinete. O de procesar a Biden. Si no lo va a procesar, entonces que invoque la 25 ahora”, dijo entre otros en la red social X el senador Josh Hawley.
Frente a este tipo de demandas, la Casa Blanca defiende que las menciones al estado cognitivo de Biden no se ajustan a la realidad, ha calificado esos comentarios de gratuitos y pide centrarse en la conclusión principal del informe: que no tomó de forma intencionada documentos clasificados y que tampoco los compartió.