La Secretaría de Gobernación (SG) alertó del riesgo que implicaría dejar en libertad condicional a ocho militares acusados de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues podrían incluso huir del país. De ahí que solicitó al Poder Judicial velar por el estado de derecho y garantizar los derechos humanos de las víctimas sancionado a los responsables, para “no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia”.
Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la dependencia dio conocer casi al medio día de este martes el oficio que se hizo llegar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, en la que se detalla que hay una medida judicial que apuntaba a la liberación de los soldados implicados, y se le hacía ver que se trataba de un asunto de “la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos” cometidas contra los estudiantes desaparecidos de manera forzada entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La secretaria Luisa María Alcalde señaló en ese documento, con fecha del 12 de diciembre pasado, que el 30 de noviembre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México integrado por los magistrados Francisco Javier Sarabia Ascencio, Juan José Olvera López y Horacio Armando Hernández Orozco (ponente), determinó que “era fundado” el agravio aducido por los ocho militares inculpados en contra de su detención por el proceso abierto por los crímenes del caso Ayotzinapa, la cual fue decretada por el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca.
Los magistrados, se le hace ver a Piña, determinaron modificar y conceder la suspensión para el efecto de celebrar una nueva audiencia a fin de que se emitiera una medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa contra el subteniente Omar Torres Marquillo; los sargentos Roberto de los Santos Eduviges, Ramiro Manzanares Sanabria, Juan Andrés Flores Lagunas y Gustavo Rodríguez de la Cruz; los cabos Uri Yashiel Reyes Lasos, Eloy Estrada Díaz y Juan Sotelo Díaz.
En la misiva, la funcionaria federal advirtió: “Lo anterior resulta relevante porque al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país.
“Además, debo señalar que este es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de los madres y padres que los buscan”.
Ante ello, Alcalde expresó en ese momento la confianza del gobierno federal para que el Poder Judicial de la Federación velara por el estado de derecho, garantizara los derechos humanos de las víctimas y sancionara a los responsables “a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia”.
El acuse del oficio 198 fue entregado el 12 de diciembre de 2023 y firmado por la secretaria de Gobernación.