La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2022 reveló que a 23.4% de las mujeres de 18 años o más, en el país, se le ha negado de manera injustificada alguno de sus derechos en los últimos cinco años.
Ante este panorama, especialistas coincidieron en aún no hay políticas públicas que prevengan este tipo de violencia hacia el género.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de las mujeres que indicaron que se les negó algún derecho, el 47.2% reportó que no pudo acceder a programas sociales, como becas y beneficios de programas del Bienestar, entre otros.
Otro 36.5% de las mujeres dijo que se les ha negado atención médica o medicamentos; al 24.1% la oportunidad de trabajar u obtener un ascenso y 21.6% declaró no haber recibido atención o servicios en alguna oficina de gobierno.
Denuncias
Sobre si se denunció la negación de sus derechos, 89.7% optaron por no informar a ninguna autoridad correspondiente, ya sea en clínicas, lugares de trabajo, oficinas o instancias comunitarias, mientras que sólo el 10.3% sí lo hizo.
Entre las causas de la no denuncia, el 44% de las mujeres respondió que pensaban que no les harían caso o que sería una pérdida de tiempo.
El 25.8% no sabía que podía denunciar o desconocía donde reportarlo y 20.3% de las mujeres que no denunciaron argumentaron que el asunto no tenía importancia, entre otras causas.
Con respecto de las mujeres que sí denunciaron, el 80% lo hicieron ante una autoridad del lugar donde se les negó alguno de sus derechos; 15.8% lo hizo ante el ministerio público, la policía o gobierno, mientras que 3.2% lo hizo en la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos.
Principales problemas
Según el Inegi, 36.4% de las mujeres encuestadas, de 18 a más años, afirmó que el principal problema que afrontan como género es la inseguridad.
En segundo lugar, con 28.2%, se ubicó la violencia hacia las mujeres; 12.8% dijo que el principal problema es el machismo; 9.4% sostuvo que la desigualdad de género y 8.1% la falta de oportunidades laborales, entre otras causas.
Políticas, sin resultados
Rocío Álvarez Miranda, especialista en temas de género y equidad de la Universidad Autónoma del Estado de México, destacó que, aunque el gobierno ha intentado innovar en la atención de antiguos problemas sociales que afectan a las mujeres, persisten fórmulas repetitivas que no abordan de manera integral sus derechos humanos.
La académica consideró que es necesario la concientización y desmitificación de la violencia de género, al tiempo que instó a que se trabaje en la construcción de masculinidades y feminidades que no perpetúen la violencia y abogó por un empoderamiento integral que incluya aspectos económicos, psicológicos y comunitarios.
“Tenemos que hacer un trabajo muy importante de concientización y de desmitificación (…) lo que nos damos cuenta es que existe un grueso de la población que sigue sin creer que las mujeres vivimos problemas específicos por el hecho de ser mujeres, eso quiere decir que hay una invisibilización de las problemáticas tan fuertes de violencia que viven las mujeres”, denunció la especialista.
Por su parte, Paulina Amozurrutia, presidenta de Unión Mujer, criticó la reducción de recursos y la falta de atención gubernamental hacia temas de género.
Mencionó que la eliminación de escuelas de tiempo completo y estancias infantiles, ha afectado directamente a las mujeres en su capacidad de trabajar y estudiar.
Sobre la baja tasa de denuncias, la especialista destacó la importancia de contar con protocolos integrales desde la denuncia hasta la atención, señalando la vulnerabilidad de las mujeres sin estas herramientas.
Amozurrutia resaltó la falta de enfoque institucional y la necesidad de mejorar la impartición de justicia en casos de violencia de género.
Por otro lado, resaltó la falta de protocolos y políticas eficientes para abordar la violencia de género en instituciones educativas y laborales y subrayó que la insuficiencia de recursos y la reducción de presupuesto para organismos dedicados a la igualdad de género agravan la situación.
“Se tienen que respetar los presupuestos etiquetados y no dar becas o dádivas, sino generar programas con presupuesto que se puedan evaluar y que se pueda permitir que con ello se genere un mayor bienestar para la mujer. Esto lo tenemos que exigir en todas las índoles de gobierno”, opinó la presidenta de Unión Mujer.